08-06-08 Por Lisy Smiles / La Capital
Fue extraño ver llegar a la Siberia un móvil de la Policía Federal. El destino era la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Fue aún más raro que eso ocurriera un 26 de diciembre, en 2005. Los uniformados sólo entregaron una nota, con un pedido. A partir de ahí la memoria comenzó a construirse. El por entonces titular del Juzgado Federal Nº4, Germán Sutter Schneider, solicitaba la colaboración de la facultad en una causa por violaciones a los derechos humanos. El magistrado pedía que se realizara un relevamiento y una maqueta de un ex centro clandestino de detención, hacinamiento y desaparición de personas que funcionó durante la última dictadura militar en Granadero Baigorria: La Calamita. La preocupación del juez refería a un peligro de derrumbe de las pocas estructuras que se mantenían en pie. Al conocerse el pedido, comenzó a gestarse lo que luego sería el Área de Derechos Humanos de la facultad. La arquitecta Alejandra Buzaglo dirige el área y recordó en diálogo con Señales que en un primer momento y ante la urgencia del pedido "una arquitecta, Silvia Andreu, fue al sitio. Todo fue muy extraño porque la llevaron en un móvil policial. Hizo un relevamiento que volcó en un texto. Hay que tener en cuenta que la nota había llegado a la facultad en la última semana de actividad antes del receso". Después, cuando se retomó la actividad académica, Buzaglo se mostró interesada en el tema. "Durante una reunión de cátedra destaqué la importancia y complejidad del tema, justamente en la cátedra de Proyectos que tiene a su cargo el vicedecano, Marcelo Barrale. Entonces empezamos a trabajar", dijo la arquitecta. Primero crearon un afiche que se publicó en la facultad convocando a una pasantía a estudiantes. Se pedían maquetistas, y se puso una foto de La Calamita. Buzaglo planteaba el trabajo desde un abordaje colectivo, y el trabajo era nada menos que reconstruir el centro de detención a través de una maqueta. Cuando un hecho ocurre, su relato se inscribe de múltiples maneras. Tras el paso del tiempo, reconstruirlo implica apelar a la memoria. Y entonces cabe la pregunta sobre el territorio donde se escribió lo ocurrido. Tan disímil como la escritura de esa memoria son los actores que la conjuran y también los escenarios que la albergan. Sin dudas, los protagonistas y sus testimonios son clave pero también los escenarios donde se jugó la realidad, esa que la memoria intenta volver a construir. El Área de Derechos Humanos de la Facultad de Arquitectura construye memoria, investiga las huellas inscriptas en el espacio urbano y apunta a que ese proceso de recrear lo ocurrido sea en términos colectivos. La búsqueda En el inicio el grupo dirigido por Buzaglo buscó hacerse de la información disponible sobre el sitio. El primer obstáculo fue descubrir que no existían planos en las oficinas catastrales. "Alguien los había arrancado", comentó la arquitecta. Lo más cercano a una planta arquitectónica del lugar logró reproducirse gracias a un trabajo realizado por el departamento de Arqueología de la UNR. Luego, fotos obtenidas del archivo del Museo de la Memoria de la Municipalidad permitieron ubicar el predio en 1984. "Sabíamos de la existencia de fotos aéreas tomadas por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), cuando en 1984 se realizó un reconocimiento en todo el país de los sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención. Las conseguimos gracias al museo y junto a otras de la época pudimos llegar a cómo estaba el lugar en 1984", explicó Buzaglo. A la vez, el grupo realizó su propio recorrido fotográfico por el lugar y comenzó a construir la maqueta. El resultado de la investigación, en la que también se tomaron en cuenta testimonios, fue una maqueta del sitio que se desmonta en distintas piezas hasta llegar a la situación en la que se encontraba en 2006, cuando fue realizada. El material sirvió nada menos que de guía para quienes testimoniaron en la causa. "Mientras la hacíamos la testeamos con gente que no estaba acostumbrada a leer maquetas, y había aspectos que no se entendían. Así fuimos recurriendo a otras herramientas, como fotos que le adherimos como para imprimirle otra textura", explicó Buzaglo. El compromiso en que se embarcó el grupo hizo que la maqueta avanzara más allá del pedido judicial. No sólo se buscó el aporte de otras miradas, también se realizó una maqueta virtual donde se planteó un recorrido por las edificaciones, casi como una película animada. También se entrenó a personal de la Policía Federal para que supiera manejar las maquetas durante las indagatorias, ya que fue utilizada para que sobrevivientes del sitio pudieran testimoniar. La experiencia sirvió para consolidar al Área de Derechos Humanos en la facultad y sin dudas también aportó en el proceso judicial. Justamente desde el Tribunal Federal ya se pidieron ocho maquetas más para ser utilizadas en otras causas. Entre ellas, la del denominado Pozo (ex Jefatura de Policía), la Quinta de Funes y la escuela Magnasco. De acuerdo a testimonios, por La Calamita habrían pasado más de un centenar de militantes, incluso habrían ocurrido al menos diez nacimientos, según investigaciones de la Conadep. Actualmente su estado es muy precario y los peligros de derrumbe continúan. Hay proyectos que buscan recuperar el lugar como Museo de la Memoria en Baigorria, pero lo cierto es que una iniciativa que planteaba la expropiación del sitio perdió estado parlamentario en la Legislatura provincial. El año pasado fue presentada nuevamente y ahora recorre otra vez las comisiones de rigor. Mientras, otro proyecto ligado a este centro clandestino toma forma en Baigorria, de la mano de una comisión popular compuesta por vecinos y organismos de derechos humanos (ver aparte). Lejos del monumento El Area de Derechos Humanos es un espacio particular. Si bien cuenta con "todo" el apoyo institucional de la facultad, según destacó Buzaglo, salvo su titular que tiene un contrato por 450 pesos el resto de los que participan lo hacen por puro compromiso. "Estaría bueno que tenga alguna validez curricular para los estudiantes", advirtió la arquitecta. "Trabajamos con absoluta libertad, y mucho compromiso pero a veces las condiciones hacen que las propuestas de trabajo se espacien", dijo Buzaglo. Luego de la maqueta sobre La Calamita el grupo se encaminó tras un pedido de un familiar de Héctor Fluxá, un estudiante de arquitectura desaparecido en 1977. Esta vez el planteo fue realizar un memorial. Los integrantes del área adscriben a lo que se denomina antimonumentalismo, una corriente a medio camino entre la arquitectura y el arte que plantea realizar intervenciones en el espacio público para trabajar sobre la memoria, las que se alejan de la autoría individual y la museificación de lo ocurrido. "Durante una actividad en la facultad ante un aniversario del golpe del 76 se acercó el arquitecto Carlos Fluxá a hablar con nosotros. Quería que viéramos la posibilidad de realizar un homenaje a su hermano, Héctor Fluxá, fusilado junto a otros seis militantes en enero de 1977", indicó Buzaglo. Héctor Luis Fluxá (20) y su pareja Silvia Lidia Somoza (21), Mónica Cristina Woelflin (24), Nadia Doria (33), Gladys Beatriz Hiriburu (20) y su compañero Luis Enrique Ulmansky (24) fueron secuestrados en distintos lugares de Rosario el 20 de enero de 1977, entre horas de la madrugada y de la siesta, y con ellos otro hombre joven, Hugo Elías, que pudo escapar. Los seis fueron llevados por las fuerzas que comandaba Agustín Feced hasta unos galpones ubicados en la ex calle Ayolas (hoy Uruguay) y Cafferata, donde se repitió el simulacro de la época, que daba cuenta de persecución y enfrentamiento como excusa para fusilarlos. Una vez más el grupo comenzó el trabajo de investigación sobre lo ocurrido, y junto a esa tarea la discusión sobre la posibilidad de reconstrucción. No faltó el debate sobre las implicancias del genocidio, la militancia y el carácter popular de la lucha. Y sin arrogarse una verdad absoluta se planteó la realización de un memorial en el sitio del fusilamiento. Pero al llegar al sitio para reconocer el terreno descubrieron un mural realizado por el Colectivo de Ex Presos Políticos y entonces se ubicaron unos metros más allá y realizaron lo suyo. Pequeñas losetas con los nombres de los asesinados quedaron selladas en la intersección de la ex Ayolas y Cafferata y metros más allá el mural de los ex presos. "La memoria no es patrimonio de ningún sector —señaló Buzaglo—, y sostener eso es complejo, porque a veces un sobreviviente, un familiar o el mismo Estado aparecen adueñándose de la memoria. Para nosotros eso no debe ser así porque restringe la experiencia". "Por eso decimos —advirtió Buzaglo— que dentro del ámbito académico los cruces no sólo deben ser transdisciplinarios o interdisciplinarios, de hecho trabajamos con Bellas Artes, Psicología y Ciencia Política, sino que creemos en la necesidad de trabajar con los vecinos, con las distintas organizaciones populares que no están en el ámbito de lo académico pero que son otras lenguas que es necesario empezar a hablar o a escuchar. Justamente por esto de que la memoria no es patrimonio de ningún sector y que se pueden contar muchas historias, porque eso tiene que ver con los procesos de lucha política por la memoria". Junto a Buzaglo trabaja el arquitecto Daniel Viu y también Mercedes Aguirre, Florencia Allende, Liliana Carmeli, Jorge Cipriani, Ivana Coviello, Raquel González, Ariel Lo Vecchio, Marcelo Musumesi, Ignacio Ojeda, Marcelo Saichuk, María Eugenia Panzeri, Virginia Ramacciotti, Jorge Tourn, Florencia Rey y Alejandra Villanova. Apuestan por la memoria y reivindican la arquitectura como una disciplina social. Sus ladrillos construyen un espacio donde habita la historia reciente.
de la UNR.Jueves 22 a las 9 horas ( confirmanos mañana el horario): Nos encontramos enla plaza del Foro de los Tribunales Provinciales para hacer una denuncia judicial por amenazas. Esperamos contar con su presencia y agradecemos la difusión de estas actividades.
